ARAP responde a declaraciones vertidas en la Asamblea donde se cuestiona sobre procedimientos sancionatorios
La Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) considera pertinente responder a las recientes declaraciones realizadas en la Asamblea Nacional, en las que se cuestiona la gestión de los procedimientos sancionatorios de esta institución. Reafirmamos que nuestras actuaciones están plenamente respaldadas por el marco legal vigente y se desarrollan en estricto cumplimiento de la Ley 204 de 18 de marzo de 2021, que regula la pesca y la acuicultura en la República de Panamá , garantizando la transparencia, la objetividad y el respeto al debido proceso.
Es importante destacar que el procedimiento sancionatorio que aplica la ARAP está claramente definido en la Ley 204 y establece etapas específicas que abarcan desde la apertura de expedientes, pasando por la investigación preliminar, la evaluación de pruebas y la emisión de resoluciones fundamentadas, hasta los recursos de reconsideración y apelación que salvaguardan el derecho a la defensa. Este marco legal asegura que todas las denuncias y presuntas infracciones sean gestionadas conforme a principios de legalidad y transparencia.
En cumplimiento de nuestras funciones de monitoreo y fiscalización, en los últimos seis meses la ARAP ha gestionado un total de 25 casos sancionatorios correspondientes a buques de servicio nacional, de los cuales:
•21 casos fueron aperturados,
•4 casos fueron desestimados tras determinar la falta de mérito o pruebas suficientes, y
•16 casos permanecen en etapa procesal.
De los casos aperturados, 5 concluyeron con sanción, lo que representa un monto total de B/. 31,600.40 impuesto en multas. Estos resultados reflejan el firme compromiso de la ARAP con la aplicación de la ley y la protección de los recursos acuáticos de Panamá.
Adicionalmente, la ARAP mantiene un seguimiento riguroso sobre las cuentas pendientes de pago derivadas de sanciones impuestas a buques de servicio nacional, gestionando un total de B/. 323,700.64 en multas por cobrar al 31 de diciembre de 2024. Para garantizar el cumplimiento de estas obligaciones, se han activado los mecanismos de jurisdicción coactiva establecidos en la normativa, asegurando que los infractores cumplan con sus responsabilidades económicas y legales. Este esfuerzo evidencia que la institución no solo se enfoca en imponer sanciones, sino también en garantizar su efectiva ejecución y cumplimiento.
Reiteramos que todas nuestras decisiones están fundamentadas en el marco normativo nacional e internacional, asegurando que cada etapa del procedimiento sancionatorio se lleve a cabo de manera rigurosa y con apego a la ley. Estas acciones refuerzan nuestro compromiso con la protección de los recursos marinos y la promoción de un desarrollo sostenible que beneficie a las comunidades costeras.
Rechazamos cualquier señalamiento que ponga en duda la integridad de esta Institución o de sus funcionarios. Esta Administración solicitará una auditoría exhaustiva de todos los procesos sancionatorios del último semestre, con el objetivo de revisar en detalle los mismos. Estamos plenamente seguros de que este ejercicio confirmará la transparencia y legalidad de todas las actuaciones.
La ARAP seguirá trabajando con determinación para combatir la pesca ilegal, preservar los recursos marinos y garantizar el bienestar de las comunidades que dependen de ellos. Este compromiso se ve reflejado en nuestras acciones y en los resultados alcanzados, que demuestran nuestro firme propósito de servir al país y su gente.
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