Fundación Marviva presenta proyecto relativo al medio ambiente y pesca ilegal
La Fundación Marviva presentó, este lunes, el proyecto “Reforma estructural para fortalecer la administración pública y la planificación gubernamental de Panamá, como motores de la sostenibilidad ambiental, el crecimiento socioeconómico y el desarrollo costero integral”, auspiciado por la Iniciativa de Seguridad Regional en Centro América (CARSI), de la Embajada de los Estados Unidos en Panamá.
Este proyecto, que tendrá una duración de 24 meses, busca identificar oportunidades de mejoras en los procesos operativos y financieros que dificultan la debida ejecución de las políticas públicas, leyes y reglamentos, dirigidos a la conservación del medio marino. Los objetivos se desarrollarán promoviendo mejoras a las normativas que faciliten la sostenibilidad financiera de los instrumentos políticos y legales, así como creando capacidades técnicas para la aplicación a los sistemas judiciales que asisten en su aplicación.
Tania Arosemena, Coordinadora de Asuntos Legales de Marviva, manifestó que también se encuentran trabajando en un proyecto en conjunto con la Embajada de los Estados Unidos y la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, vinculado a las acciones para fortalecer el combate a la pesca ilegal No Declarada y No Reglamentada (INDNR)”.
Flor Torrijos, Administradora de la ARAP sostuvo que el presente proyecto, ha sido pensado para tener un impacto nacional por abarcar normas que regulan todas las aguas panameñas, se busca realizar un análisis completo del ordenamiento jurídico y los procedimientos de planificación y ejecución presupuestaria destinados a la aplicación de las normas ambientales, marítimas y pesqueras vigentes.
En el proyecto se incluyen diversas entidades gubernamentales competentes como: el Ministerio de Economía y Finanzas, la Autoridad de los Recursos Acuáticos, Ministerio de Ambiente, la Autoridad Marítima de Panamá, el Ministerio Público, el Órgano Judicial, Instituto Superior de la Judicatura de Panamá y Asamblea Nacional, la sociedad civil vinculadas a la conservación de los recursos marino costeros, porque se apunta a la sostenibilidad financiera y operativa de las funciones gubernamentales.
Entre los resultados esperados se contempla la elaboración de propuestas técnicas y legales para mejorar la planificación y asignación presupuestaria en la implementación de los siguientes instrumentos normativos, la Ley General de Ambiente, la Ley que adopta la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, la Ley que adopta el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector de Puerto, el Plan Nacional de Acción para la Pesca Sostenible, asi como la Ley que establece la reducción progresiva de plásticos de un solo uso.
SE contempla, además, la actualización de la Guía para el análisis de los delitos contra el Ambiente, una publicación enfocada en la planificación y asignación presupuestaria para la sostenibilidad ambiental y socioeconómica de las zonas marino costeras, así como la capacitación de al menos 400 funcionarios pertenecientes al órgano ejecutivo, legislativo, judicial y del Ministerio Público y al menos 20 representantes de 10 organizaciones de la sociedad civil de forma presencial y a través del programa de formación e-learning sobre justicia administrativa y penal en materia ambiental, política ambiental, planificación presupuestaria y mecanismos de sostenibilidad financiera.
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