Panamá y la FAO estrechan alianza para enfrentar la pesca ilegal
Un nuevo proyecto de cooperación permitirá fortalecer la capacidad de respuesta del país a estas prácticas mediante revisión normativa y la asistencia técnica de la FAO.
21 de agosto de 2018, Ciudad de Panamá. – El Gobierno de Panamá, a través de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) firmaron hoy un nuevo acuerdo que permitirá fortalecer las capacidades del país para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR).
Panamá tiene jurisdicción sobre 4.3 veces más territorio en mar que en tierra firme y cuenta con más de 52 cuencas hidrográficas y mil kilómetros cuadrados de lagos y embalses. El rol del país es de suma importancia para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) ya que, además de recibir y exportar productos pesqueros, brinda servicios portuarios que permiten a las embarcaciones pesqueras desempeñar sus actividades.
A través del proyecto “Apoyo para la implementación del Acuerdo FAO sobre las Medidas del Estado Rector del Puerto y los instrumentos relacionados para combatir la pesca INDNR”, apoyado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Suecia, Panamá revisará y ajustará sus políticas, legislaciones, arreglos institucionales y sistemas y operaciones de seguimiento, control y vigilancia (SCV) para hacer frente a la pesca INDNR.
“Este proyecto viene a complementar los esfuerzos que realiza Panamá para combatir la pesca ilegal, a través de una mayor transparencia y trazabilidad en los productos pesqueros y una mejor capacidad de inspección, vigilancia y control de los buques pesqueros que atracan en puertos panameños, permitiendo garantizar el origen legal de los pescados y mariscos que se consumen”, destacó Tito Díaz, Coordinador Subregional de la FAO para Mesoamérica.
Además, se adoptarán acciones que permitan reforzar la gobernanza de las instituciones que intervienen en la eliminación y la prevención de la pesca ilegal, como la Autoridad de los Recursos Acuáticos, la Autoridad Marítima de Panamá, la Autoridad del Canal, el Servicio Nacional Aeronaval y el Servicio Nacional de Aduanas, entre otras.
“El proyecto revierte una importancia especial para la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, considerando que se encuentra alineado con el marco estratégico de la FAO. Recordemos que la Pesca INDNR debilita no sólo los esfuerzos nacionales, sino también los regionales en lo que respecta a la conservación y ordenación de las poblaciones de peces, impidiendo a la larga que los países afectados alcancen los objetivos de sostenibilidad a largo plazo y de responsabilidad establecidos, entre otros foros, en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible y en el Código de Conducta para la Pesca Responsable”, señaló la Administradora General de la ARAP, Ingeniera Zuleika Pinzón.
Avances contra la pesca ilegal en Panamá
Panamá es uno de los trece países de América Latina y el Caribe suscritos al Acuerdo sobre las Medidas del Estado Rector del Puerto (AMERP), impulsado por la FAO para combatir a la pesca ilegal a escala global.
Desde su adhesión en noviembre de 2016, el país ha instituido un Comité Nacional Interinstitucional para prevenir, desalentar y eliminar la pesca INDNR y se ha adherido a una red regional de intercambio de información contra esta práctica, que está integrada por Perú, Chile, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Colombia y España.
Algunas de las actividades más habituales de la pesca INDNR son operar sin la debida autorización, capturar especies protegidas o con alguna restricción, utilizar artes de pesca ilegales y no respetar las cuotas de captura.
El AMERP tiene como objetivo prevenir, disuadir y eliminar estas prácticas a través de la prohibición a los buques que la practican de atracar en sus puertos para desembarcar sus capturas o acceder a servicios portuarios, desincentivando así estas operaciones ilegales.
Asimismo, el Acuerdo busca la reducción del flujo de productos provenientes de esta actividad ilegal hacia los mercados nacionales e internacionales.
Cada año, la pesca INDNR suma capturas de hasta 26 millones de toneladas, con un valor que llega a 23 000 millones de dólares. A la vez, socava los esfuerzos para garantizar la gestión responsable de las poblaciones de peces en todo el mundo y la sostenibilidad de los mares, poniendo en riesgo los medios de vida de las familias que dependen de la pesca, especialmente de los pescadores artesanales.
Este proyecto contribuirá a acabar con esta actividad y a dar cumplimiento a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, que incluye un objetivo sobre la conservación y el uso sostenible de los océanos, y un objetivo secundario específico sobre la pesca INDNR.
